sábado, 12 de marzo de 2016

La Argentina como plusvalía

Declaración de Carta Abierta ante el debate sobre la deuda
Por Espacio Carta Abierta
La historia de un país, como ninguna otra historia, no puede resumirse en una serie de imágenes fijas y repetitivas. Pero en el caso de la deuda externa argentina hay una genealogía, si podemos emplear este término, que puede seguirse desde el siglo XIX hasta hoy. Hay una gran bibliografía al respecto, de todas las corrientes historiográficas, hay sentencias de muchos jueces, hay una conciencia pública mayoritariamente condenatoria, cuya historia también es posible hacer. No era la misma esa conciencia en la época de Rivadavia, que en la de Roca, que en la de Kirchner, y ahora, en que se lo conmina al país a iniciar un ciclo nuevo de endeudamiento como quien podría decir “se inicia el nuevo año escolar”. Hacia 1822 había una conciencia ingenua, la deuda eran garantizada por las tierras de la propia Provincia de Buenos Aires. Cuando se terminó se pagar, varias décadas después –sin que se hubiera recibido prácticamente nada, deducidos los intereses y las comisiones– la conciencia era otra, más parecida a un país donde la deuda se manifestaba en infraestructuras –financieras, ferroviarias, comunicacionales– ya controladas por gerentes ingleses y vernáculos, que iban a las mismos clubes de golf en los terrenos aledaños al Ferrocarril, donde fue muy fácil, como con las minas de Famatina en el siglo anterior, desplazar al débil capitalismo criollo, si aceptamos decirlo así. Aun no se llamaban CEO, pues la tradición británica les exigía al menos que leyeran algo –Kipling, por ejemplo– y que no se pusieran nombres de fantasía. El Pacto Roca-Runciman, de 1933, lo hicieron hombres serios, que al igual que Rivadavia –que se carteaba con Jeremy Bentham y conocía los libros de Destutt de Tracy–, no creían que hubiera otra salida para el país a fin de no perder sus cuotas de exportación de carne, como más directamente podían pretender Canadá u otras regiones vinculadas al inmediato alcance mundial de la Corona británica.
La denuncia de este pacto que convertía al país en una sucursal frigorífica es sabido que tuvo la participación de las plumas argentinas más calificadas, la del senador Lisandro de la Torre entre ellas, y de un modo más riguroso la de Raúl Scalabrini Ortiz. Se sobre entiende que lo que Federico Pinedo, el ministro de Justo de apellido repetitivo, presentaba como una exigencia vital para la subsistencia nacional (con la creación del Banco Central en el contexto de ese mismo Pacto, a modo de garantía de cumplimiento), era, al contrario, una prueba de que la crisis mundial se cobraba la autonomía de las naciones. Lo que hoy llamaríamos una crisis global –ayer era el nombre de Swift o Armour, y los de hoy salen todos los días en los diarios–, hizo que hayan cambiado varias denominaciones y circunstancias aunque muchos aspectos se asemejan. Sin embargo la situación que llevaba a considerar al país como una mercancía, podía ser tratada con otros criterios de soberanía (política, financiera y técnica) que implicaran alternativas posibles de movilización del ahorro y el capital público, y la soberanía de su mercado y nivel de actividad económica. Una fuerte mentalidad probritánica lo impedía, aunque no fuera la de técnicos empresariales sin historia, tal como los que aparecieron ahora, luego de ser sazonados en criterios de refinamiento servil que, de tan graves que son los actuales, no siempre los tuvieron sus antecesores. Entrenados por “couchers del imperio”, son nuevos dirigentes formados en serie por lo que hace décadas se llamó “pensamiento único”, luego “hegemonía invisible del mercado” y ahora expertos en convertir a las naciones en actos de plusvalía genérica de un nuevo estilo especulativo cuyo nombre y teoría más rigurosa (y condenatoria), no se tardará en encontrar desde la capacidad de perplejidad de los economistas más sensibles del mundo. Es que se deberá responder con nuevos argumentos a estos miembros fantasmales de los que se llaman a sí mismos “equipos”, integrados por partidarios de una facciosa e inhumana racionalidad financiera, y también por algunos que remontan su alcurnia a viejas familias que vivieron dentro de las estructuras clásicas del poder nacional. Una módica aristocracia siempre es necesaria para cubrir a las nuevas tecnocracias. La reconversión de la conciencia es una forma precavida de la ética globalizada, su égloga declinante y –como se decía antes– francamente entreguista.La historia más a mano, refiere una muerte con que la resistencia política pagó estas limitaciones de grupos políticos y el necio empecinamiento de personas concretas. El acuerdo Roca-Runciman se cobró la vida del senador Bordabehere, que murió por el otro, que tiempo después acabaría suicidándose quizás en una medida no desatendible, debido a aquel asesinato en el Senado de la Nación: el ya mencionado Lisandro de la Torre.
En el siglo XX, el único tramo en que el país tuvo deuda externa cero fue en 1948, durante el primer gobierno de Perón, que además nacionalizó el comercio exterior con el IAPI. En 1952, se inician contactos con el Eximbank y con la Standard Oil de California, lo que implicaba inversiones extranjeras que por un lado chocaban con aspectos doctrinarios de la “tercera posición”, pero otro lado eran temas de la creciente oposición al gobierno de Perón, donde coincidían en la crítica tanto sectores nacionalistas como los que luego de derrocado Perón sumarían al país al Fondo Monetario Internacional (adjudicable a la política de Krieger Vasena). Por su parte, el Plan Prebisch hizo cesar al IAPI, no obstante lo cual se mantenían las visiones negativas que los financistas norteamericanos tenían ante las posiciones de la recientemente creada Cepal, con sus públicas manifestaciones de crítica al “deterioro de los términos de intercambio”. En años posteriores Jauretche, fuerte adversario de Prebisch, reconsideraría muchas de sus posiciones.
Es que no eran éstos nudos fáciles de desatar. Son también los tiempos donde se inicia la deuda con el llamado Club de París y los tiempos en los cuales el frondizismo revierte su política petrolífera restrictiva de la inversión externa por una apertura sin limitaciones que ensalzaba el efecto benéfico del capital extranjero en todos los sectores de la economía. Los años más recientes nos traen palabras nuevas que no tienen muy distintos significados a los endeudamientos anteriores, pero hacen todo más abstracto y grosero, como “megacanje” y otras, que ya significan un escalón más en la pérdida de acciones autodeliberativas de las economías nacionales. Hay funcionarios permanentes de esta noción de “mega canje”, que se convierte en una forma de gobierno, casi una categoría epistemológica, no solo hoy presente en el gobierno de Macri –con los mismo funcionarios que tuvieron estas prácticas en las gestiones de Cavallo, donde el Estado absorbió la deuda privada– sino que se la eleva a una categoría casi equivalente a la de plusvalía gubernamental. Ya no una mera plusvalía proveniente de la deuda y la sobre deuda sobre la sobre deuda, con el consiguiente productividad de los intereses, sino de un modo ideológico profundo de gobierno, estructuralmente ilegal si tomamos en cuenta acepciones tradicionales. Todo el país se convierte en una forma de plusvalía, no solo sus tierras, como en la época casi inocente de Rivadavia o en el caso de los ferrocarriles, frigoríficos, compañías eléctricas y tranvías en la década del 30 del siglo XX, sino que la aparición del unánimemente aceptado concepto de “fondos buitre” nos hace entrar en otra etapa más grave y catastrófica. Hablar de “Chicago Boys”, con lo grave que aquello era, parece hoy una página amarillenta del pasado, pero antecedente inevitable de lo que ahora ocurre.
Entramos a una situación en que ya hay una mimetización completa en el pensamiento de los detentores de cupones de la deuda con los funcionarios que deben aceptar las condiciones más arbitrarias de pago, distintas a las que ya se habían negociado “in extremis” durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Un núcleo “global” de especuladores especializados en quiebras masivas de territorios imaginarios del Capital (pero que son partes concretas del habitar y del vivir de núcleos humanos en todo el mundo), aliados a secciones colonizadas y fundamentales de tribunales de justicia que “se dan su propia ley”, y medios de comunicación masivos con lógicas de control de audiencias que tratan como a “silobolsas” (como commodities que se retienen o se exportan, o se liquidan según tiempos financieros propios, esto es, ven al público como un “público transgénico”) consiguen deteriorar hasta consecuencias inimaginables la vida nacional, llamando éxito en las negociaciones a lo mismo que llaman “éxito” estas nuevas formas del capitalismo mundial, que saben que sus deudores serán “serios” sin mantener ellos ninguna obligación de serlo, cualquiera sea el contenido que le demos a la palabra serio. El éxito del negociador es el megaéxito del deudor.
Siendo un peligro que han denunciado muchos países –para seguir siendo países, naciones, comunidades autogobernadas–, en la Argentina tenemos por fin –luego de una larga historia que seguramente puede ser mejor contada– la coincidencia total entre el pensamiento de los holdouts y los que detentan el gobierno, los HoldGobernment, también con mentalidad de bonistas. Han convertido a nombres como Griesa, Pollack, Singer, en ciudadanos comunes de este país, buenos muchachos, abuelitos que caminan por la city pidiendo ayuda y mirando ansiosos hacia el Banco Central. En su mirada de águila, ellos saben que salvo en un período reciente de su historia, el Banco Central fue fundado con una supuesta independencia de los gobiernos, solo para custodiar los intereses de los pactos de sumisión financiera del país. La respuesta ante esta situación excepcional y de gravísimas consecuencias para el país, debe ser enérgica. Se reinicia el ciclo del endeudamiento nacional y en este caso, con el conjunto de la vida económica, política y cultural como siendo la plusvalía de esta anomalía económica mundial, causa estructural de la pobreza colectiva. En ese caso, el Congreso de la Nación debe contar con la dignidad suficiente para impedir que se voten esos acuerdos, que bajo el pretexto de que “se acabó el default” reiteran antiguas vergüenzas que la política del presente y las generaciones futuras sabrían condenar.

domingo, 4 de octubre de 2015

ARGENTINA DESPEGA

El satélite geoestacionario, diseñado y construido por la República Argentina con el propósito de favorecer la exportación de contenidos audiovisuales, fue lanzado exitosamente desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

El Arsat-2 partió el 30 de septiembre a las 17.30 de Argentina, desde la base ubicada en Kourou de la Guyana Francesa, administrada por la empresa Arianne Space. El satélite integra en su plataforma antenas de banda C para aumentar la capacidad de transferencia de contenidos audiovisuales y ofrecer la distribución en los mercados hispanoparlantes de Centro y Norteamérica de los contenidos producidos por la industria cinematográfica y televisiva en castellano.



Mientras que el Arsat-1 -lanzado el 16 de octubre de 2014- cuenta con una antena única en banda Ku que centra su emisión en el territorio nacional, el Arsat-2 tiene tres: dos desplegables y una fija, que emiten en dos bandas: Ku y C.

La transmisión en banda Ku del Arsat-2 refuerza la misión territorial y socialmente integradora de su antecesor a nivel nacional, al tiempo que la otra banda ofrece dos ventajas en cobertura panamericana: históricamente ha sido la primera opción para la transmisión satelital de TV, lo que permite ofrecer el alquiler de servicio para exportación de contenidos audiovisuales, y no sufre atenuación por lluvias.

La nueva herramienta ocupará la posición 81° Oeste y se integrará al Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT) que ya cuenta con el Arsat-1, que presta servicio en la posición 72° Oeste. A ellos se les sumará luego el Arsat-3, actualmente en fase de desarrollo.

Un orgullo para el país y un nuevo hito en la reafirmación de la soberanía.

viernes, 11 de septiembre de 2015

La reencarnación del Estado

Oscar González | Para Letra P
Secretario de Relaciones Parlamentarios del gobierno nacional.

A propósito de la conocida maroma discursiva de Mauricio Macri, que del fundamentalismo privatizador pasó a reivindicar las políticas públicas del gobierno, antagónicas con cualquier formato neoliberal, es oportuno decir que la reencarnación del líder amarillo actualiza una discusión que atraviesa los últimos años sobre el carácter del Estado que vienen construyendo los gobiernos populares suramericanos.

Curiosamente, el tema parece interesar más a los politólogos europeos que a los protagonistas y dirigentes del nuevo “populismo latinoamericano”, exceptuadas las oportunas reflexiones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y del asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García.

Pese a la marca diversidad de las experiencias y el desparejo nivel de consolidación de los proyectos, esos gobiernos ofrecen elementos comunes que guardan semejanza con los Estados de Bienestar que surgieron en la Europa de la segunda posguerra e incluso más con los “estados sociales periféricos”, como se llamó a los regímenes nacional populares como los de Perón en la Argentina, Lázaro Cárdenas en México y Getulio Vargas en Brasil.

Esos rasgos comunes radican en el decisivo papel del Estado en la planificación de la economía y la producción, en la participación de los trabajadores en la puja distributiva del ingreso vía sus organizaciones gremiales y en el papel del Estado como garante de los derechos sociales: acceso a la salud, la educación, la previsión social.

Los estados sociales europeos nacieron como respuesta a la “amenaza” comunista que encarnaba la entonces Unión Soviética y su emblemático carácter de nueva utopía emancipadora, que alentaba las luchas de trabajadores cuyas condiciones de vida nada tenían que ver con la prosperidad del capitalismo imperialista de la época. Ya hacia fines de la década del ’30, la crisis mundial había marcado el fracaso del Estado liberal clásico, con su absoluta libertad de mercado y las teorías librecambistas, dogma de las grandes potencias capitalistas.

Fue para entonces que John M. Keynes revolucionó la teoría económica dándole fundamento a las políticas de los estados sociales al asignarle un papel decisivo al gasto y la inversión públicos en la regulación de los ciclos de la economía. Lo explicitaran o no, los gobiernos populares de América fueron naturalmente keynesianos más que ninguna otra cosa, al dotar al Estado un rol primordial en la protección del mercado interno, las producciones locales y la distribución del ingreso.

Pero mientras en Europa, heredera del liberalismo político de la Revolución Francesa y la modernidad, el sujeto de la democracia era el ciudadano, y el uno sin la otra no podía concebirse, en América latina el sujeto fundamental fue el pueblo, ya se tratara del pueblo mestizo, blanco, negro o indígena.

De manera que al mismo tiempo que América latina acogía las ideas de Keynes, la lucha por la hegemonía dentro y fuera de los gobiernos populares le daba una vigencia palpitante a algunas cuestiones planteadas por Antonio Gramsci: ni el Estado era ya un dócil instrumento de las clases dominantes ni una herramienta sin contradicciones al servicio de las clases populares, sino el ámbito donde luchan las fuerzas que pugnan por profundizar la democracia y aquellas otras que resisten desde zonas irreductibles del propio Estado: desde las fuerzas armadas y de seguridad hasta la justicia y otras áreas del poder público, incluidos los estamentos burocráticos del aparato estatal, en especial los organismos encargados del control de la economía financiera. Nada ajeno a lo que sucede hoy en varios países.

Por otra parte, el pasado colonial y semicolonial de nuestras naciones, que fue sucedido en casi todos los casos por la dependencia económica de Inglaterra y Estados Unidos, le dio un elemento distintivo a los procesos populares latinoamericanos, ya que la depredación y el saqueo perpetrados por las grandes potencias y sus aliados locales estimularon un sentimiento antiimperialista, nacionalista y anti oligárquico que cimentó las bases del populismo latinoamericano.

Es lo que los enemigos del populismo llaman “la invención de un enemigo externo para cohesionar las masas” detrás de un líder. Lo mismo que critican hoy los economistas del establishment y políticos como Macri, cuando dicen, al referirse al enfrentamiento con los fondos buitres, que el gobierno inventa enemigos en lugar de mirar las culpas propias.

Notable ironía: mientras en Europa el neoliberalismo sigue predominando y mostrando su peor cara, con el sometimiento de la democracia al capitalismo financiero, en América latina el fracaso del fundamentalismo de mercado fue sucedido por los gobiernos “pos-neoliberales”, como se los denomina con poca imaginación y menos gracia. Más aún, hasta se da el lujo de atraer, aunque ellos lo hagan con fines electorales, a los representantes más fieles del mercado y la derecha política, como Capriles en Venezuela, Cardoso en Brasil y, ahora, Macri entre nosotros. Aunque este último no sepa bien qué es un estado social y despotrique porque los hospitales porteños atienden la demanda del conurbano y reciben pacientes de los países limítrofes.

Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿estamos asistiendo al nacimiento de nuevas formas de estado social en América latina en general y en la Argentina en particular? La academia local se ha preguntado si el conjunto de políticas sociales aplicadas a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 constituyen una efectiva “construcción de ciudadanía”. La condición para que así sea estaría dada por el carácter universal y no focalizado de los programas sociales más importantes, por ejemplo la AUH. La respuesta no se encuentra tanto en el análisis de tal o cual ley ampliatoria de derechos, sino en el conjunto de políticas públicas aplicadas a lo largo de estos años, que han transformado progresivamente las condiciones de vida de la mayoría del pueblo, y no sólo de los más desfavorecidos.

Porque en el perfil del Estado que se fue configurando en esta década se integran los derechos laborales recuperados, las negociaciones paritarias —de fundamental importancia social y económica en cuanto a sus efectos en la producción y el consumo—, el derrame del crecimiento económico (ahora sí, verdadero) hacia los sectores medios y la ampliación de derechos ciudadanos hacia segmentos sociales postergados o discriminados. Todo ello hace a la construcción de un Estado social.

La eterna crítica, a veces bienintencionada y otras no, de que el populismo subordina las libertades individuales a la justicia social ya es muy difícil de sostener con datos objetivos, a menos de que se piense con doña Rosa María Juana Martínez Suárez, alias Mirtha Legrand, que estamos bajo una “dictadura”.

Las derechas se han empeñado en hallar rasgos autoritarios e invasivos de la propiedad privada frente a cada acción oficial en la que el gobierno pone en juego su autoridad política, esto es, cada vez que desde el ejecutivo se ejerce el mandato de la voluntad popular. Y lo ha hecho con una firmeza y decisión imperdonables para quienes desean el retorno al Estado sin ciudadanos de los ’90, cuando un gobierno podía cambiar la composición de la Corte Suprema para consolidar privatizaciones amañadas.

La contraposición entre libertad e igualdad no es algo que hoy defina los niveles de democracia vigentes; por el contrario, la democracia se ha ampliado y acrecentado a lo largo de estos años en la medida en que ha mejorado sustancialmente el modo en que viven, trabajan, estudian y aman las mayorías populares, es decir, las condiciones mismas en que los ciudadanos deciden sus propias opciones políticas y de vida.

Publicado por Letra P, el 7 de septiembre de 2015