La ley del garrote

Por Oscar González 

El litigio entre la Argentina y los fondos buitre en los tribunales estadounidenses muestra que, una vez más, estamos castigados. Nuestro crimen ha sido mantener una política de desvinculación del poder financiero internacional, liderar el rechazo al ALCA y la construcción de un poder regional, aún en curso, que puede ampliarse con los llamados BRICS.

Para los amos del mundo, es sencillamente intolerable que la Argentina haya reestructurado su deuda con semejante quita, que haya recuperado empresas públicas y su sistema previsional y que su Presidenta haya alzado enérgicamente su voz para enrostrarles a los países ricos la asimetría que imponen en sus intercambios con las economías en desarrollo.

Otros advierten sobre una disputa por los recursos naturales del planeta, a los que el poder económico concentrado considera de acceso exclusivo cualquiera sea su localización. El presidente uruguayo, Pepe Mujica, ha dicho que el descubrimiento de los yacimientos de shale ha despertado la codicia de los poderosos, como ocurrió ya con la selva amazónica o, de manera no declarada, con el acuífero Guaraní, la reserva subterránea de agua dulce más grande del mundo.

Intereses e ideología se abrazan así en esta ofensiva del capital financiero contra las rebeldías que asoman en todas las latitudes. Matices aparte, El País de Madrid, Financial Times, The Economist y The Wall Street Journal resumen en una sola palabra, populismo, el objeto de su odio y su irrefrenable deseo de venganza. En tanto, los medios hegemónicos locales, liderados por Clarín y La Nación, se regocijan reproduciendo esos editoriales para validar su propia prédica: “¿Vieron? Lo dice la prensa seria del mundo”.

Semejante unanimidad contra la Argentina no puede sino responder al propósito de que el mundo sepa que nadie que desafíe al capital financiero saldrá indemne de su osadía. Pero además, el juez Thomas Griesa expresa la tradicional política del garrote con que los Estados Unidos han sostenido sus políticas imperiales.

Desde 1823, cuando la doctrina Monroe declaró que América Latina era parte de la “esfera de influencia” estadounidense, se han sucedido más de 40 intervenciones militares directas en países de la región —comenzando por México, al que le arrebató en 1846 la mitad de su territorio—, además de operaciones como las que contribuyeron al triunfo de golpes de Estado en la Guatemala de Jacobo Árbenz (1954), el Santo Domingo de Juan Bosch (1965), el Chile de Salvador Allende (1973) o la Granada de Maurice Bishop (1979).

Ciertamente, las condiciones de hoy no son iguales a las del siglo pasado, cuando el gobierno norteamericano ignoraba olímpicamente la cuestión democrática y abogaba directamente por las dictaduras militares. Sucedió que éstas no pudieron garantizar una gobernabilidad al gusto de Washington y diversos cambios mundiales dieron paso a democracias más o menos condicionadas por los grandes grupos de poder, ahora representados por enormes conglomerados de la comunicación. Pero todo indica que la política del gran garrote no se ha discontinuado, aunque por ahora se orienta hacia otros rumbos del planeta. En este marco, los fallos de la justicia estadounidense  muestran claramente que, aun cuando haya fracasado como propuesta de ordenamiento del capitalismo global, el neoliberalismo no duda en recurrir a la extorsión para sostener a cualquier costo su hegemonía.

Desde esta orilla, es preciso seguir trabajando por una construcción global que reúna en una sola voz y múltiples acciones a todos los descontentos y a todas las rebeldías contra una modalidad política, económica y cultural que destruye la vida de los hombres, de la naturaleza.

Publicado por Letra P, el 25 de junio de 2014.

La ley del oficio

Por Oscar R. González *

A propósito de la celebración de un nuevo Día del Periodista, viene a cuento recordar un episodio que tuvo lugar en 2002, cuando un juez comercial que entendía en el concurso preventivo de la editorial Perfil –violadora serial de todos los convenios laborales y de todos los derechos de los trabajadores– tuvo la insólita pretensión de suspender por tres años la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y del Convenio de Trabajo para los trabajadores de prensa, de cuya elaboración me había tocado participar como negociador paritario unos años antes.

En su afán de salvar a la empresa –o, más precisamente, los bolsillos de sus dueños–, el custodio de la legalidad se había llevado puestas dos leyes resistidas desde siempre por los medios hegemónicos. Para entonces, yo era diputado nacional y presenté una iniciativa repudiando la ilegítima pretensión del magistrado y, en una sesión a la que asistieron trabajadores de Perfil, se declaró unánimemente la plena vigencia del Estatuto Profesional del Periodista, aprobado durante el primer gobierno de Perón.

Fue necesario aquel recurso bastante estrafalario –que el Congreso declarase la plena vigencia de una ley plenamente vigente– para poner en evidencia la complicidad entre un magistrado capaz de cometer una tropelía jurídica con tal de complacer el interés económico de una empresa amiga. Un vínculo que, como sabemos, no constituye ninguna novedad.

El recuerdo de aquel hecho tiene que ver de algún modo con la naturaleza de una batalla por la construcción de sentido que enfrenta a la política –entendida como esfera de autonomía ciudadana y herramienta de cambio– con el poder hegemónico de los grandes medios, un poder no desafiado en la Argentina durante largas décadas. Una disputa que ha tenido luces y sombras, victorias y derrotas, pero cuyo saldo incuestionable es que ya nadie puede hacerse el distraído sobre ciertas cuestiones que los periodistas conocíamos desde siempre.

La pretensión de asociar el poder omnímodo de los medios con la libertad de expresión, por ejemplo, ha dejado de ser una verdad revelada. Y el argentino medio que no se empeña en escuchar o leer sólo lo que confirma sus preconceptos o prejuicios sabe que las noticias son construcciones y no el reflejo de presuntas realidades objetivas.

Hasta no hace tanto, los propios periodistas tendían a mirarse a sí mismos más como librepensadores que como trabajadores de prensa. La formación de una conciencia de clase fue más compleja en este gremio que en otros, tanto por la naturaleza propia de las tareas intelectuales como también porque en algún momento existía una cierta identificación con el dueño del medio, que era con frecuencia, él también, un periodista y tenía a la búsqueda de la verdad como un objetivo más o menos plausible.

No hace falta decir que esos presupuestos han naufragado en medio de la marcha del capitalismo, fundamentalmente en su fase neoliberal. Los grandes medios son hoy parte de conglomerados económicos con múltiples tentáculos, y las más de las veces el diario, la radio o el canal son herramientas de presión o extorsión para allanar otros negocios más lucrativos. En tanto las condiciones de trabajo de los periodistas han sido avasalladas en casi todas sus dimensiones, con el pluriempleo, la redacción multimedia, la precarización de los contratos, la tercerización y otras tretas de que se valen los adalides de la libertad de expresión para abaratar sus productos, en más de un sentido.

Como en mis años de periodista y de actividad sindical, sigo creyendo que la libertad de expresión poco tiene que ver con la cuenta bancaria o los discursos gerenciales en los foros patronales. Tal como entonces, creo que el buen periodismo se construye en las redacciones con honestidad intelectual, libertad de conciencia, buenas prácticas profesionales y, sobre todo, respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores. Esos derechos que sobrevivieron embates varios y que aún perduran, alojados en el texto del entrañable Estatuto del Periodista.

* Periodista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado por Página 12, El País, pág. 12, el 10 de junio de 2014. 

REPORTAJE EN PÁGINA 12

Página 12 - lunes 2 de junio de 2014

ENTREVISTA A LOS INVESTIGADORES ALEJANDRO LOPEZ ACCOTTO, CARLOS MARTINEZ Y MARTIN MANGAS

Los que más tienen deben pagar más

En diálogo con Página/12, los docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento advierten sobre cómo ha venido perdiendo participación el impuesto Inmobiliario en la recaudación y cómo eso deriva en un sistema impositivo más regresivo.

Por Fernando Krakowiak

En las últimas dos décadas, el impuesto Inmobiliario ha ido perdiendo incidencia en el conjunto de la recaudación, lo que agudizó la regresividad del sistema impositivo. Los investigadores de la Universidad de General Sarmiento, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas, publicaron el libro Finanzas provinciales e impuesto Inmobiliario en Argentina, donde analizan las causas de esta tendencia. En diálogo con Página/12, advirtieron sobre los riesgos que supone y remarcaron la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor progresividad.

Ustedes afirman que la presión fiscal del impuesto Inmobiliario ha venido descendiendo durante la última década en un contexto de crecimiento económico inédito con fuerte suba en el precio de las propiedades. ¿Cómo se explica esa situación?

Alejandro López Accotto: Lo que pasa es hay un conjunto de impuestos que se indexan automáticamente con el crecimiento de la producción y los precios, mientras que en el caso del Inmobiliario la mayoría de las provincias no tiene un mecanismo automático de actualización. Esa actualización se tiene que hacer todos los años en los Parlamentos provinciales y muchas provincias no lo han hecho porque tiene un costo político visible. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, el impuesto Inmobiliario tiende a desaparecer.

Martín Mangas: El problema de los impuestos patrimoniales es que cuando no está prevista una actualización en una regla macrofiscal tenes un conflicto político cada vez que queres hacerlo, principalmente en el caso del Inmobiliario Rural, donde hay tres o cuatro cámaras empresarias que tienen una capacidad de lobby muy fuerte sobre las autoridades provinciales. Entre Ríos lo resolvió hace muchos años y actualiza de manera automática todos los años. El resto lo debería haber hecho, sobre todo en un contexto de crecimiento de la actividad económico como el que se registró en los últimos años.

¿Qué variable se podría tomar en cuenta para actualizarlo?

M. M.: Una posibilidad es tomar la evolución de los precios acordados en las transacciones de compra-venta de bienes inmuebles. En el libro planteamos algunas otras alternativas, porque no es lo mismo la vivienda única urbana, donde podrías tener como referencia el índice de salario, que la situación de aquellas personas que tienen varias propiedades que las arriendan para obtener una renta.

En el libro mencionan que, en 2010, el Inmobiliario representó en la Argentina el 0,35 por ciento del PIB, muy por debajo de Estados Unidos (3,03) y Gran Bretaña (3,40), pero cerca de Brasil (0,42), Chile (0,50) y Colombia (0,58 por ciento). ¿A qué nivel puede aspirar el país?

Carlos Martínez: El problema principal es la tendencia. En 1990, la Argentina tenía la presión fiscal del Inmobiliario más alta de Latinoamérica, e incluso era el doble que la de algunos países desarrollados como Alemania y Bélgica; pero desde entonces el impuesto viene perdiendo participación, pese a que aumentó mucho el valor de las propiedades.

A. L. A.: Los impuestos patrimoniales son netamente progresivos. Eso es positivo porque los que más tienen, deben pagar más; pero si se reduce la presión de esos impuestos, se deja de cumplir con esa regla.

M. M.: Nosotros tenemos claro que los impuestos patrimoniales tienen un impacto macro marginal. En los países más desarrollados llegan a 3 o 4 puntos, pero en la Argentina, un país de desarrollo medio que está entre las treinta economías más grandes del mundo, todos los patrimoniales representan 1 punto y deberían estar más cerca de 2 o 3 puntos.

A. L. A.: Las discusiones presupuestarias siempre son en el margen, incluso las referidas a los gastos. Es un porcentaje pequeño del ingreso total, pero puede resolver el déficit fiscal de una provincia o ayudar a resolver el conflicto salarial de un gremio como el de los docentes.

En los últimos años, la presión fiscal creció y mucho tuvieron que ver los derechos de exportación. Cuando la provincia de Buenos Aires intentó actualizar el Inmobiliario Rural, las corporaciones del agro argumentaron que ya estaban haciendo un aporte fuerte con el pago de las retenciones.

A. L. A.: Son cosas diferentes. Las retenciones están vinculadas con precios extremadamente elevados de un conjunto de productos con relación al costo de producción que tienen en la Argentina, pero además esos precios generaron un aumento muy alto en el valor de las propiedades que no se ve reflejado en lo que se paga del impuesto Inmobiliario.

C. M.: Otro problema es que al campo se lo trata como un sector indiferenciado y en la práctica no lo es. El último intento de actualización del Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que era por debajo de la inflación, no afectaba al 85 por ciento de las partidas de los campos, que son de productores más pequeños. Afectaba al otro 15 por ciento que fue el que evitó que se hiciera.

M. M.: El aumento del Inmobiliario que se propuso a fines de 2013 en la provincia de Buenos Aires era del 18 por ciento. Era una actualización muy moderada. El crecimiento promedio en la tasa anual era de 9 pesos por hectárea. Menos que un café y finalmente no hicieron ni eso.

¿Cuánto representa el Inmobiliario en la recaudación de Buenos Aires y cuánto en una provincia que actualiza el impuesto, como Entre Ríos?

A. L. A.: En Entre Ríos, el 17 por ciento; y en la provincia de Buenos Aires, el 6 por ciento, de los cuales sólo 2 puntos aporta el Inmobiliario Rural. Ahora bien, en Buenos Aires, en 1984, representaba el 36 por ciento. Si se cobrara el Inmobiliario como se cobraba en 1984, la provincia de Buenos Aires recaudaría con ese impuesto seis veces más de lo que se está recaudando. Eso considerando un parque de viviendas estático, pero, ¿cuántas viviendas más se construyeron en los últimos treinta años?

M. M.: Hablamos de Buenos Aires, pero otras provincias grandes, como Santa Fe y Córdoba, están en la misma situación. Estas tres provincias se financian en más de un 70 por ciento con el impuesto a los Ingresos Brutos. En el caso de Córdoba, el Inmobiliario Rural además es un mamarracho, porque la alícuota es plana. No tiene tramos por escala. Se paga lo mismo por 10 mil hectáreas que por 100 hectáreas.

Con otros impuestos progresivos como Bienes Personales, los sujetos deben empezar a pagar si tienen un patrimonio de más de 305 mil pesos, pero en los hechos casi nadie paga y la AFIP no hace nada. ¿La actualización del Inmobiliario garantizaría de por sí una mayor recaudación?

M. M.: En Bienes Personales se paga en base a una declaración jurada, pero en el impuesto Inmobiliario llega la partida a cada casa.

C. M: Bienes Personales además es fácilmente eludible porque se aplica sólo sobre personas físicas. Entonces, muchas personas que tienen bienes por encima de los 305 mil pesos crean sociedades fantasma y no pagan ese impuesto porque las sociedades están exentas. En cambio, el Inmobiliario se aplica a la partida inmobiliaria. Si se transfiere la partida a nombre de una empresa, esa empresa igual tiene que pagar el impuesto.

A. L. A.: Cuando se creó el impuesto a los Bienes Personales representaba el 3 por ciento de lo que recaudaba el impuesto Inmobiliario en todas las provincias, y hoy recauda más Bienes Personales que lo que recaudan las provincias con el Inmobiliario. Incluso varios funcionarios provinciales no han dicho que no querían aumentar la valuación fiscal para no perjudicar a los propietarios de sus provincias y que tuvieran que entrar a pagar Bienes Personales, lo cual es una barbaridad.

C. M.: En la ciudad de Buenos Aires es peor todavía. Se establece una valuación fiscal oficial, que es la que debe tomar la Nación para cobrar Bienes Personales, pero después se multiplica esa valuación por cuatro para cobrar el Inmobiliario. La Ciudad creó un mecanismo sólo para que el contribuyente porteño eluda Bienes Personales.

¿El hecho de que la potestad recaudatoria del impuesto Inmobiliario sea provincial favorece o dificulta la actualización y el revalúo?

C. M.: En muchos países cobran las provincias o los municipios. El problema de la descentralización es la capacidad que tienen esas jurisdicciones para imponerse sobre actores económicos concentrados.

A. L. A.: La teoría dice que los impuestos de inmuebles tienen que ser cobrados por las autoridades locales. La práctica muestra situaciones diferentes. En la Argentina, el impuesto lo cobran las provincias y algunas lo han descentralizado a los municipios. Argumentan que la cercanía puede hacer que se cobre más, pero la evidencia muestra lo contrario. En eso inciden motivos políticos, pero también técnicos, como la dificultad para tener un catastro actualizado y una administración eficiente.

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