DOMINGO, 29 DE JULIO DE 2012
ENFOQUE
Burguesías provinciales
Por Alejandro Lopez Accotto, Martin Mangas y Carlos Martinez *
Algunos gobernadores argentinos sostienen desde hace tiempo un reclamo para que la Nación distribuya una mayor cantidad de recursos hacia sus provincias. Esas voces han tenido, en las últimas semanas, una mayor presencia a raíz del deterioro fiscal de las cuentas provinciales, que ha encontrado su expresión más crítica en el desdoblamiento del pago del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires.
Ese reclamo está acompañado de un silencio absoluto por parte de las autoridades provinciales sobre la política fiscal y la gestión tributaria en los territorios que gobiernan. Esto no permite que quede de manifiesto que los ingresos provinciales se componen de transferencias del Estado nacional y de ingresos propios. ¿Cómo es la gestión de los ingresos provinciales propios?
En la Argentina, la suma de impuestos provinciales de las 24 jurisdicciones en 2011 alcanzó el 4,7 por ciento del PBI. En el año 2000, ese porcentaje era del 3,8 por ciento. Es decir que el crecimiento en el período 2000-11 fue del 23,6 por ciento. En el mismo período en la Nación la presión fiscal pasó de un 17,3 por ciento a un 27,3 por ciento del PBI. Esto implica un incremento del 57,8 por ciento. Es decir que en dicho período el incremento de la recaudación nacional más que duplicó al crecimiento de la recaudación provincial.
Veamos también cómo recaudan las provincias: según datos de 2011, en la provincia de Córdoba el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 80,7 por ciento de la recaudación total provincial. En Santa Fe, ese porcentaje fue del 70,9 por ciento y en la provincia de Buenos Aires, del 75,2 por ciento. Queda claro que estamos hablando de un impuesto indirecto trasladable a los consumidores y con un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso.
En contrapartida, los impuestos de base patrimonial (el inmobiliario –urbano y rural– y patentes), que son impuestos progresivos porque tributan más los que más tienen, en Córdoba han representado en 2011 el 10,5 por ciento del total de los recursos propios, en Santa Fe, el 16,7 por ciento y en Buenos Aires, el 12,4 por ciento.
No sólo las provincias incrementaron mucho menos la recaudación que lo que lo hizo la Nación, sino que ese incremento se produjo especialmente sobre la base de impuestos indirectos y regresivos. Entre 2003 y 2011 la importancia de la recaudación de impuestos progresivos sobre la recaudación total se redujo en un 65 por ciento en Córdoba, en un 40 por ciento en Buenos Aires y en un 12 por ciento en Santa Fe.
En otras provincias argentinas, como las patagónicas y las del norte, una parte significativa de sus recursos provienen de las regalías petroleras, gasíferas, mineras y pesqueras. Y el peso del Impuesto a los Ingresos Brutos es muy inferior al observado en la “pampa gringa”. En estas provincias existe un mecanismo para captar la renta extraordinaria que se produce a partir de la existencia de recursos naturales estratégicos y de un alto valor en el mercado internacional.
A nadie escapa que la tierra de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe presenta el mismo atributo en los últimos años: la productividad del suelo se encuentra en los más altos valores históricos, el precio internacional de los cereales y oleaginosas desde hace más de un lustro está por las nubes y la renta ha sido más que significativa. Y todos recordamos el conflicto político que se generó cuando se pretendió desde el Estado nacional que los productores de soja contribuyeran impositivamente en forma proporcional a los incrementos de los precios en el mercado internacional. Por lo menos dos de los tres gobernadores involucrados se alinearon, en dicho conflicto, del lado de los productores con rentas extraordinarias y no del Estado. A nuestro juicio, el problema del financiamiento provincial actual tiene por lo menos dos aristas convergentes: una política y otra fiscal.
La primera es producto de la falta de voluntad de los gobernadores de esa tríada de provincias en exigirles una mayor contribución a los propietarios urbanos y rurales en el período de “vacas gordas” del crecimiento de la actividad económica nacional. Han optado por sostener el crecimiento del gasto público, cada vez en mayor medida, con los fondos aportados por la coparticipación federal, a partir del aumento de la presión fiscal nacional, que no implicó ningún costo político para ellos. Incluso oponiéndose a una mayor recaudación del Estado nacional cuando los sujetos de imposición son los propietarios de tierras y productores de sus propias provincias.
La segunda tiene que ver con una manifiesta incapacidad para, en un contexto económico nacional e internacional favorable, haber encarado las reformas tributarias que dotaran al sistema de mayores recursos y de un mayor equilibrio entre impuestos progresivos y directos versus los regresivos e indirectos.
La conjunción de esas dos variables determinó que tres de las provincias más ricas de la Argentina sostengan tres cuartas partes de sus ingresos públicos provinciales en base al Impuesto a los Ingresos Brutos, que tiene la característica de ser regresivo, indirecto y con un alto nivel de elasticidad. Es decir, que sufre de manera lineal los vaivenes coyunturales de la actividad económica. Al mismo tiempo desprecian o menosprecian la recaudación a través de impuestos al patrimonio que son progresivos, permanentes y menos dependientes de los ciclos económicos.
Ahora, la solución no pasa solamente por reclamarle al Estado nacional que “ayude” a cubrir las obligaciones fiscales, sino también por hacerse cargo de las “imprevisiones del ayer” para que en un plazo razonable podamos contar con sistemas impositivos provinciales que contribuyan al logro de estados más justos, equilibrados e integrados socialmente. Este objetivo también forma parte del federalismo.
* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
lunes, 30 de julio de 2012
sábado, 28 de julio de 2012
Tu vida y tu obra no tienen precio
ANIVERSARIO 1952-2012
EVA DUARTE DE PERON
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| Nuevo billete de 100 pesos con la figura de Eva. |
miércoles, 25 de julio de 2012
jueves, 12 de julio de 2012
BRAMUGLIA-UGARTE-BASTEIRO
TRES SOCIALISTAS EN REPRESENTACION DE LA PATRIA: VIVIMOS MOMENTOS HISTÓRICOS.
Atilio Bramuglia
Canciller durante el Peronismo.
Manuel Ugarte
Embajador en Nicaragua, Cuba y México durante el Peronismo.
Ariel Basteiro
Embajador en Bolivia en el Proyecto Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner.
Felicitaciones Ariel!!!
Agrupación Socialista Atilio Bramuglia.
Atilio Bramuglia
Canciller durante el Peronismo.
Manuel Ugarte
Embajador en Nicaragua, Cuba y México durante el Peronismo.
Ariel Basteiro
Embajador en Bolivia en el Proyecto Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner.
Felicitaciones Ariel!!!
Agrupación Socialista Atilio Bramuglia.
lunes, 9 de julio de 2012
EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Página 12
El país
Lunes, 9 de julio de 2012
Opinión
Negativa Conjetural de la Patria Grande
Por Aníbal Fernández *
“Al fin me encuentro
con mi destino sudamericano”
Jorge Luis Borges
“Poema Conjetural”
No eran más de 60.000 almas las que habitaban Buenos Aires y sus alrededores en 1816. En el resto de las Provincias Unidas del Sud (desde Córdoba hasta Lima) habría unos dos millones y medio. Pero eran indios, salvajes por supuesto. Iletrados, oscuros, bárbaros: una chusma que no merecía ni voz ni voto. Lógicamente, el proyecto que estimulaba la instalación de un descendiente de los incas en el gobierno de la Sudamérica liberada, de la Patria Grande independiente, era un plan de cabezas febriles. Es así, aunque esas cabezas fuesen las de Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y, sobre todo, de José de San Martín, a mi modesto entender, el verdadero gestor de las jornadas de la Independencia.
San Martín conocía el retroceso político al que la Santa Alianza había sometido a Europa toda, de la instalación de gobiernos despóticos en todo el Viejo Continente y, sobre todo, de lo peligroso que resultaba para los territorios americanos la restauración del absolutista Fernando VII, que pretendía volver por viejas glorias, a sangre y fuego.
Belgrano también conocía sobre estas cuestiones porque, al igual que San Martín, venía de esa Europa decadente, pero él era un hombre de leyes y evidentemente se necesitaba la mirada de un soldado para sintetizar la estrategia militar de la estructura política consolidada por el propio San Martín: la Logia Lautaro. La propuesta descabellada consistía en cruzar la Cordillera de los Andes para liberar a Chile, luego subir por la zona andina para liberar el Perú y reunirse con las fuerzas que batallaban en Venezuela al mando de Simón Bolívar. Ese Plan Continental, junto a la declaración de la independencia, eran las piedras angulares de la estrategia sanmartiniana.
Pero todos comprendían que con declarar la libertad no alcanzaba. Había que proponer, además, una forma de gobierno. Y allí aparece Manuel Belgrano con su “Plan Inca”, una democracia monárquica constitucional que tendría como cabeza a Juan Bautista Condorcanqui, Túpac Amaru, descendiente en séptima generación de los reyes incas, quien estaría controlado por una cámara vitalicia de caciques y otra de diputados electos. El proyecto mostraba un fuerte contenido americanista, captado de inmediato por San Martín y Güemes, entre otros. Y aunque la historia oficial se haya ocupado de esconder la fuerza de esta idea, hay que recordar que el Congreso aprobó esta medida, aunque por mayoría simple y no por los dos tercios necesarios, dado el boicot de los “pro británicos” diputados porteños que se referían despectivamente al plan como “el gobierno de los chocolates”, “un rey patas sucias” o “una monarquía en ojotas”.
Tomás Manuel de Anchorena, ex secretario de Belgrano en el Ejército del Norte, explicaba que no le molestaba el concepto de monarquía constitucional, pero aclaraba que le parecía una locura pensar “... en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona, si existiera, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca”.
Sin embargo, como sostiene Eduardo Antesano, “no dejando dudas sobre su carácter de reparación indígena, la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sud América del 9 de julio de 1816 fue publicada simultáneamente en tres idiomas: castellano, quechua y aymara”. Es más, hasta se habla de una versión en la escritura jeroglífica de los pueblos de Tihuanako.
Como pasaría hoy (acaso como sucedió siempre), Belgrano tuvo que soportar las plumas insidiosas de algunos “mercaderes de la palabra” que se dedicaron puntualmente a infamar esta idea. “Iluso”, “monárquico”, “loco”, fueron algunos de los adjetivos con los que se lo calificó en esos días. Incluso llegó a denunciarse una “conspiración de generales”, como denominó al plan la prensa probritánica-porteña que dirigía Manuel de Sarratea y que se montaba en la pluma canalla de Pazos Silva, un cagatintas asalariado de los intereses porteños (¿no sienten que les hace recordar algo?).
Intereses que, muchos años después, lograrían que Bartolomé Mitre les diera “la derecha” (¡qué otra cosa podía darles!). “A este plan es imposible concederle sentido práctico, ni siquiera sentido común (...) concebido sobre falsas ideas, con más inocencia que penetración política y con tanto patriotismo como falta de sentido práctico...”, dice el historiador oficial, olvidando su deber de objetividad y expresando su odio y su desprecio por cualquier proyecto popular que pudiera conmover el control estratégico de Buenos Aires.
Lo cierto es que, aduciendo una delicada situación militar en el Norte del país, que ponía en peligro la seguridad de los representantes, el Congreso que funcionaba en Tucumán baja a Buenos Aires. El 12 de mayo de 1817 vuelve a quedar solemnemente inaugurado en su sede de la ciudad del puerto y con nueva configuración: los delegados del Alto Perú ya no están, y la representación porteña se “extiende”, hasta hacer que pierda su última apariencia de federal y acabe exhibiendo de manera descarada los proyectos de la elite dirigente que lo dominaba.
Así, la idea de Belgrano se va diluyendo y se muere con la sanción de la Constitución Centralista de 1819 que, naturalmente, produce tantos antagonismos que tardaríamos más de treinta años en resolver (si es que alguna vez fueron resueltos).
Por suerte hoy, la América morena, nuestra patria grande, ha recuperado el rumbo de los sueños de algunos de nuestros mejores hombres de 1816. La Unasur y el Mercosur nos deparan una suerte de Congreso de Tucumán permanente en el que los representantes de todos los países se sientan a dialogar y a consolidar nuestra Independencia.
Ha sido aceptada Venezuela como Miembro Pleno del Mercosur. Su incorporación –que se producirá en pocos días más– sólo ha sido resistida por un grupo minúsculo de argentinos, referentes de un partido político porteño... el PRO.
La diferencia, y lo digo desde lo más profundo del corazón, es que esta vez la historia no se repetirá.
* Senador de la Nación. Miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego.
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El país
Lunes, 9 de julio de 2012
Opinión
Negativa Conjetural de la Patria Grande
Por Aníbal Fernández *
“Al fin me encuentro
con mi destino sudamericano”
Jorge Luis Borges
“Poema Conjetural”
No eran más de 60.000 almas las que habitaban Buenos Aires y sus alrededores en 1816. En el resto de las Provincias Unidas del Sud (desde Córdoba hasta Lima) habría unos dos millones y medio. Pero eran indios, salvajes por supuesto. Iletrados, oscuros, bárbaros: una chusma que no merecía ni voz ni voto. Lógicamente, el proyecto que estimulaba la instalación de un descendiente de los incas en el gobierno de la Sudamérica liberada, de la Patria Grande independiente, era un plan de cabezas febriles. Es así, aunque esas cabezas fuesen las de Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y, sobre todo, de José de San Martín, a mi modesto entender, el verdadero gestor de las jornadas de la Independencia.
San Martín conocía el retroceso político al que la Santa Alianza había sometido a Europa toda, de la instalación de gobiernos despóticos en todo el Viejo Continente y, sobre todo, de lo peligroso que resultaba para los territorios americanos la restauración del absolutista Fernando VII, que pretendía volver por viejas glorias, a sangre y fuego.
Belgrano también conocía sobre estas cuestiones porque, al igual que San Martín, venía de esa Europa decadente, pero él era un hombre de leyes y evidentemente se necesitaba la mirada de un soldado para sintetizar la estrategia militar de la estructura política consolidada por el propio San Martín: la Logia Lautaro. La propuesta descabellada consistía en cruzar la Cordillera de los Andes para liberar a Chile, luego subir por la zona andina para liberar el Perú y reunirse con las fuerzas que batallaban en Venezuela al mando de Simón Bolívar. Ese Plan Continental, junto a la declaración de la independencia, eran las piedras angulares de la estrategia sanmartiniana.
Pero todos comprendían que con declarar la libertad no alcanzaba. Había que proponer, además, una forma de gobierno. Y allí aparece Manuel Belgrano con su “Plan Inca”, una democracia monárquica constitucional que tendría como cabeza a Juan Bautista Condorcanqui, Túpac Amaru, descendiente en séptima generación de los reyes incas, quien estaría controlado por una cámara vitalicia de caciques y otra de diputados electos. El proyecto mostraba un fuerte contenido americanista, captado de inmediato por San Martín y Güemes, entre otros. Y aunque la historia oficial se haya ocupado de esconder la fuerza de esta idea, hay que recordar que el Congreso aprobó esta medida, aunque por mayoría simple y no por los dos tercios necesarios, dado el boicot de los “pro británicos” diputados porteños que se referían despectivamente al plan como “el gobierno de los chocolates”, “un rey patas sucias” o “una monarquía en ojotas”.
Tomás Manuel de Anchorena, ex secretario de Belgrano en el Ejército del Norte, explicaba que no le molestaba el concepto de monarquía constitucional, pero aclaraba que le parecía una locura pensar “... en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona, si existiera, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca”.
Sin embargo, como sostiene Eduardo Antesano, “no dejando dudas sobre su carácter de reparación indígena, la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sud América del 9 de julio de 1816 fue publicada simultáneamente en tres idiomas: castellano, quechua y aymara”. Es más, hasta se habla de una versión en la escritura jeroglífica de los pueblos de Tihuanako.
Como pasaría hoy (acaso como sucedió siempre), Belgrano tuvo que soportar las plumas insidiosas de algunos “mercaderes de la palabra” que se dedicaron puntualmente a infamar esta idea. “Iluso”, “monárquico”, “loco”, fueron algunos de los adjetivos con los que se lo calificó en esos días. Incluso llegó a denunciarse una “conspiración de generales”, como denominó al plan la prensa probritánica-porteña que dirigía Manuel de Sarratea y que se montaba en la pluma canalla de Pazos Silva, un cagatintas asalariado de los intereses porteños (¿no sienten que les hace recordar algo?).
Intereses que, muchos años después, lograrían que Bartolomé Mitre les diera “la derecha” (¡qué otra cosa podía darles!). “A este plan es imposible concederle sentido práctico, ni siquiera sentido común (...) concebido sobre falsas ideas, con más inocencia que penetración política y con tanto patriotismo como falta de sentido práctico...”, dice el historiador oficial, olvidando su deber de objetividad y expresando su odio y su desprecio por cualquier proyecto popular que pudiera conmover el control estratégico de Buenos Aires.
Lo cierto es que, aduciendo una delicada situación militar en el Norte del país, que ponía en peligro la seguridad de los representantes, el Congreso que funcionaba en Tucumán baja a Buenos Aires. El 12 de mayo de 1817 vuelve a quedar solemnemente inaugurado en su sede de la ciudad del puerto y con nueva configuración: los delegados del Alto Perú ya no están, y la representación porteña se “extiende”, hasta hacer que pierda su última apariencia de federal y acabe exhibiendo de manera descarada los proyectos de la elite dirigente que lo dominaba.
Así, la idea de Belgrano se va diluyendo y se muere con la sanción de la Constitución Centralista de 1819 que, naturalmente, produce tantos antagonismos que tardaríamos más de treinta años en resolver (si es que alguna vez fueron resueltos).
Por suerte hoy, la América morena, nuestra patria grande, ha recuperado el rumbo de los sueños de algunos de nuestros mejores hombres de 1816. La Unasur y el Mercosur nos deparan una suerte de Congreso de Tucumán permanente en el que los representantes de todos los países se sientan a dialogar y a consolidar nuestra Independencia.
Ha sido aceptada Venezuela como Miembro Pleno del Mercosur. Su incorporación –que se producirá en pocos días más– sólo ha sido resistida por un grupo minúsculo de argentinos, referentes de un partido político porteño... el PRO.
La diferencia, y lo digo desde lo más profundo del corazón, es que esta vez la historia no se repetirá.
* Senador de la Nación. Miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego.
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martes, 3 de julio de 2012
A MÁS, MÁS
Página 12
Economía
Martes, 3 de julio de 2012
Opinión
Un impuesto progresivo
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
El Impuesto a las Ganancias es uno de los pocos tributos progresivos que se cobran en Argentina. Según información de la AFIP, en 2011 su recaudación alcanzó los 108.000 millones de pesos, lo que equivale al 18,54 por ciento de la recaudación nacional total. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esta participación ronda una media del 35 por ciento. En nuestro país, las empresas (personas jurídicas) aportaron el 71 por ciento de dicha recaudación y las personas físicas (autónomos y trabajadores en relación de dependencia) lo hicieron en un 29 por ciento. En cambio, en los países que integran la OCDE la situación es la inversa, cerca del 75 por ciento del impuesto lo tributan las personas físicas y el 25 por ciento restante las empresas.
Para alcanzar aquí esa proporcionalidad las personas físicas deberían tributar casi cinco veces más que lo que hacen ahora. Esto no significa que esa diferencia deban aportarla los asalariados: simplemente es la constatación de un hecho que debe modificarse si queremos un país más justo e inclusivo.
Un Estado activo en políticas públicas para el desarrollo y la igualdad social se asienta sobre la base de recaudar recursos suficientes para sostener la provisión de bienes y servicios públicos de calidad (salud, educación, previsión social, empleo, justicia y seguridad) para toda la población en todo el territorio nacional. Estos recursos deben provenir de un sistema tributario en el que más paguen los que más tienen. Sin dudas, el Impuesto a las Ganancias (junto con el Impuesto a los Bienes Personales) está dentro de la categoría de los denominados “impuestos progresivos”, porque gravan manifestaciones directas de la riqueza y además porque su escala es creciente en función del nivel de ingresos y/o patrimonio. Es decir, que cuanto mayor es el ingreso, más alta es la proporción de ese ingreso que se entrega al Estado como impuesto.
En 1997 una investigación de Gómez Sabaini y Rossignolo demostraba que el sistema tributario argentino era regresivo: en términos relativos pagaban más los que menos tienen. En 2006, los mismos autores, en un estudio similar, concluyeron que la situación había tenido una mejora, fundamentalmente debido a la aplicación de retenciones a la exportación de algunos productos primarios, al impuesto a los débitos y créditos bancarios y a la mejora en la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Todas decisiones cuestionadas por los sectores concentrados de la economía al lado del cual ahora se coloca el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Los que poseen un salario mensual del orden de los 10.000 pesos son menos del 15 por ciento de la población argentina. En ese contexto, ¿es justo que los que están en el tope de la pirámide de ingresos contribuyan con algo más que lo que lo hace el 85 por ciento de menores recursos al sostenimiento de los servicios que brinda el Estado?
Esta es la cuestión de fondo que deberían considerar los dirigentes sindicales. ¿Cómo asegurarse que los trabajadores autónomos tributen en función de sus verdaderos ingresos? ¿Cómo enfrentar a los propietarios rurales que no quieren actualizar mínimamente los valores de sus tierras? ¿Cómo construir el poder necesario para que la renta financiera pague impuestos a las ganancias?
Cuando Hugo Moyano, antes defenestrado y ahora mimado por las corporaciones mediáticas, sostiene que los aumentos salariales quedan en un segundo plano, porque si no se aumenta el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de las personas físicas, ese incremento se lo termina “llevando el Gobierno”, no sólo está diciendo algo incorrecto, sino que asume como propio el discurso de los propietarios rurales y el poder económico-financiero.
Una cosa es sostener que debe actualizarse el piso de la imposición, lo que en un contexto de aumento del costo de vida es razonable, y otra muy distinta es alinearse con quienes quieren un Estado desfinanciado y un mercado omnipotente.
* Investigadores-docentes de la Universidad de General Sarmiento.
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Economía
Martes, 3 de julio de 2012
Opinión
Un impuesto progresivo
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *
El Impuesto a las Ganancias es uno de los pocos tributos progresivos que se cobran en Argentina. Según información de la AFIP, en 2011 su recaudación alcanzó los 108.000 millones de pesos, lo que equivale al 18,54 por ciento de la recaudación nacional total. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esta participación ronda una media del 35 por ciento. En nuestro país, las empresas (personas jurídicas) aportaron el 71 por ciento de dicha recaudación y las personas físicas (autónomos y trabajadores en relación de dependencia) lo hicieron en un 29 por ciento. En cambio, en los países que integran la OCDE la situación es la inversa, cerca del 75 por ciento del impuesto lo tributan las personas físicas y el 25 por ciento restante las empresas.
Para alcanzar aquí esa proporcionalidad las personas físicas deberían tributar casi cinco veces más que lo que hacen ahora. Esto no significa que esa diferencia deban aportarla los asalariados: simplemente es la constatación de un hecho que debe modificarse si queremos un país más justo e inclusivo.
Un Estado activo en políticas públicas para el desarrollo y la igualdad social se asienta sobre la base de recaudar recursos suficientes para sostener la provisión de bienes y servicios públicos de calidad (salud, educación, previsión social, empleo, justicia y seguridad) para toda la población en todo el territorio nacional. Estos recursos deben provenir de un sistema tributario en el que más paguen los que más tienen. Sin dudas, el Impuesto a las Ganancias (junto con el Impuesto a los Bienes Personales) está dentro de la categoría de los denominados “impuestos progresivos”, porque gravan manifestaciones directas de la riqueza y además porque su escala es creciente en función del nivel de ingresos y/o patrimonio. Es decir, que cuanto mayor es el ingreso, más alta es la proporción de ese ingreso que se entrega al Estado como impuesto.
En 1997 una investigación de Gómez Sabaini y Rossignolo demostraba que el sistema tributario argentino era regresivo: en términos relativos pagaban más los que menos tienen. En 2006, los mismos autores, en un estudio similar, concluyeron que la situación había tenido una mejora, fundamentalmente debido a la aplicación de retenciones a la exportación de algunos productos primarios, al impuesto a los débitos y créditos bancarios y a la mejora en la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Todas decisiones cuestionadas por los sectores concentrados de la economía al lado del cual ahora se coloca el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Los que poseen un salario mensual del orden de los 10.000 pesos son menos del 15 por ciento de la población argentina. En ese contexto, ¿es justo que los que están en el tope de la pirámide de ingresos contribuyan con algo más que lo que lo hace el 85 por ciento de menores recursos al sostenimiento de los servicios que brinda el Estado?
Esta es la cuestión de fondo que deberían considerar los dirigentes sindicales. ¿Cómo asegurarse que los trabajadores autónomos tributen en función de sus verdaderos ingresos? ¿Cómo enfrentar a los propietarios rurales que no quieren actualizar mínimamente los valores de sus tierras? ¿Cómo construir el poder necesario para que la renta financiera pague impuestos a las ganancias?
Cuando Hugo Moyano, antes defenestrado y ahora mimado por las corporaciones mediáticas, sostiene que los aumentos salariales quedan en un segundo plano, porque si no se aumenta el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de las personas físicas, ese incremento se lo termina “llevando el Gobierno”, no sólo está diciendo algo incorrecto, sino que asume como propio el discurso de los propietarios rurales y el poder económico-financiero.
Una cosa es sostener que debe actualizarse el piso de la imposición, lo que en un contexto de aumento del costo de vida es razonable, y otra muy distinta es alinearse con quienes quieren un Estado desfinanciado y un mercado omnipotente.
* Investigadores-docentes de la Universidad de General Sarmiento.
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