jueves, 30 de agosto de 2012

Nuestro Estado, una institución popular








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29.08.2012 / proceso emancipatorio

Institucionalismo y populismo

Cualquier proceso de transformación de la relación de fuerzas no puede verificarse sin una reforma de las instituciones.

Por Ernesto Laclau

El discurso corriente de los sectores conservadores (pero no sólo de ellos), se funda en una oposición sumaria entre institucionalismo y autoritarismo. El autoritarismo sería sinónimo de arbitrariedad, y sus connotaciones peyorativas son evidentemente tautológicas: ¿Quién podría estar a favor del autoritarismo y la arbitrariedad? Por contraposición, el institucionalismo sería un talismán sagrado que garantizaría por sí mismo las virtudes republicanas y las políticas sensatas que fluirían de ellas. El segundo paso en este tipo de argumentación es inscribir otros términos y referencias en uno u otro polo de la oposición básica. El término "populismo" entra muy rápidamente en esta enunciación enumerativa y evaluativa como parte integrante, ni qué decirlo, del polo autoritario. Si el institucionalismo se presenta como condición necesaria de toda política coherente y racional, el populismo aparece, por el contrario, como el reino de la manipulación demagógica, del personalismo y de la arbitrariedad. Poner en cuestión este dualismo simplista requiere, por tanto, deconstruir las lógicas internas con las que sus dos polos han sido constituidos.

Comencemos por el institucionalismo. Las instituciones no son arreglos formales neutrales, sino la cristalización de las relaciones de fuerza entre los grupos. A cada formación hegemónica –entendiendo por tal la que se impone por todo un período histórico– habrá de corresponder una cierta organización institucional. Hay, por tanto, que preguntarse por las relaciones de poder existentes en la sociedad si se quiere develar el sentido de las instituciones. Por esto, cuando nuevas fuerzas sociales irrumpen en la arena histórica, habrán necesariamente de chocar con el orden institucional vigente que, más pronto o más tarde, deberá ser drásticamente transformado. Esta transformación es inherente a todo proyecto de cambio profundo de la sociedad.

Este lazo entre instituciones y cambio social es el que trata de cortar el "institucionalismo" corriente. La defensa del orden institucional a cualquier precio, su transformación en un fetiche al que se rinde pleitesía desconectándolo del campo social que lo hizo posible, es la que gobierna al discurso antipopulista de los sectores dominantes. Hay en él una tendencia inherente a sustituir la política por la administración. Ya Saint-Simon afirmaba que es necesario pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Y para hacer un par de referencias a América Latina, "paz y administración" era el lema del general Roca, y en la bandera brasileña aun podemos leer "ordem e progresso", que era la fórmula acuñada por la iglesia positivista de Río de Janeiro. En sus formas más extremas el institucionalismo tiende al tecnocratismo, es decir, a diluir las identidades populares globales y a sustituirlas por un gobierno elitista de los expertos.

Pasemos ahora al populismo. Para que haya populismo se requieren tres condiciones. La primera es que se construya una relación solidaria entre una pluralidad de demandas insatisfechas, que se forme entre ellas lo que hemos denominado una cadena equivalencial. Si la gente ve que hay demandas insatisfechas al nivel de la vivienda, de la salud, de la seguridad, de la escolaridad, del transporte, etc., entre todas estas demandas se da un proceso de interpenetración y de realimentación mutuas. Con esto se ha llegado al primer estadio de una experiencia que podemos llamar prepopulista. La segunda condición –el segundo estadio– consiste en elaborar, a partir de las demandas insatisfechas, un discurso dicotómico que divida a la sociedad en dos campos: los de abajo, el pueblo, y, frente a él, el poder social y político, cuyos canales institucionales tradicionales no logran vehiculizar las demandas de las masas. El tercer estadio tiene lugar cuando este discurso dicotómico cristaliza en torno a ciertos símbolos que significan al "pueblo" como totalidad. En la mayor parte de los casos es el nombre de una figura líder. Esto no da al líder un poder ilimitado, si dejara de responder a la cadena equivalencial de demandas que se ha formado en el primer estadio, su poder de atracción se vería erosionado muy rápidamente. Un populismo realmente democrático debe mantener un equilibrio entre la expansión horizontal de la cadena equivalencial de demandas y su acción vertical en la transformación del Estado.

Podríamos decir que institucionalismo y populismo son los dos polos extremos de un continuo –polos ideales, por reducción al absurdo, por así decirlo–. En la práctica esos extremos nunca se dan en su pureza, una hegemonía siempre se construye en algún punto al interior del continuo, nunca en sus extremos. No hay institucionalismo tan completo que pueda evitar enteramente la construcción de identidades populares antisistema, y no hay un populismo tan puro que abandone todo anclaje institucional.

La moraleja de lo que venimos diciendo es que cualquier proceso de transformación de la relación de fuerzas en el campo sociopolítico no puede verificarse sin una reforma profunda de las instituciones. Gramsci ya lo había entendido. A diferencia de Marx, que hablaba de la extinción del Estado, Gramsci hablaba de la construcción de un Estado integral, que fuera más allá de la tradicional dicotomía Estado/sociedad civil. Las dimensiones horizontal y vertical del accionar político, en sus interacciones mutuas, es lo que Gramsci denomino "hegemonía".

La Argentina ha iniciado en 2003 un proceso emancipatorio que está conduciendo a una considerable expansión de la esfera pública y a la incorporación de numerosos sectores que tradicionalmente habían estado excluidos de ella. Este proceso de construcción de una hegemonía popular no podía darse, evidentemente, sin cambios fundamental en el sistema institucional, cambios que han tenido lugar a través de una serie de medidas legislativas que están produciendo un desplazamiento progresivo en la relación de fuerzas entre los grupos. Todo esto debería culminar, en un futuro cercano, en una reforma constitucional.

Y una ultima reflexión. Decía al comienzo que el fetichismo institucionalista no es privativo de los sectores conservadores. En efecto, hay una izquierda liberal que habla casi en los mismos términos. Ahora bien, se supone que ser de izquierda es dar prioridad a un proyecto de cambio social radical. Pero si de lo único de que se habla es de la defensa de las instituciones existentes, ¿en qué queda ese proyecto? Sic transit Gloria mundi (o así transa Don Raimundo, como decía Mansilla). -

domingo, 26 de agosto de 2012

EN LA PRENSA DE HOY






Economía

Domingo, 26 de agosto de 2012

LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS DE LAS PROVINCIAS EXPLICAN EN GRAN PARTE LAS DIFICULTADES FISCALES DE VARIOS DISTRITOS DEL INTERIOR

El poder económico local tiene coronita

Las tensiones fiscales en las provincias tienen como origen, en parte, la escasa voluntad política de los distritos de cobrar más impuestos directos. Un estudio concluye que mantienen estructuras tributarias regresivas.

Por Alejandro López Accotto,

Carlos Martínez y Martín Mangas *

En el actual contexto de incertidumbre respecto de la evolución de la economía mundial y atento a la necesidad de promover y proteger el desarrollo nacional, ante una situación de desaceleración de la actividad económica, la importancia del gasto público es relevante en términos macroeconómicos y sociales, para sostener la demanda efectiva y evitar un deterioro en las condiciones de vida de la población. La sustentabilidad del gasto público, en un marco general en que el financiamiento externo a gran escala no parece una opción ni posible ni deseable, depende fundamentalmente del esfuerzo recaudatorio del Estado. Si se pretende sostener, a los fines de dinamizar la actividad económica, los niveles de consumo logrados y no impactar sobre la situación socioeconómica de los hogares más vulnerables, el sesgo distributivo de la presión fiscal debe ser evidentemente progresivo. El hecho de que la presión fiscal nacional (neta de aportes y contribuciones a la seguridad social) haya crecido un 58 por ciento en los últimos diez años, pasando de un 14,1 por ciento del PBI en 2001 a un 22,2 por ciento del PBI en 2011 y, en menor medida, que el sesgo distributivo del sistema tributario haya pasado de levemente regresivo a levemente progresivo, parecen mostrar un interesante avance en la política del Estado nacional, sin por ello negar los desafíos pendientes, en especial en relación a una mayor progresividad de los impuestos.

Cuando se consideran los datos relativos a la recaudación del conjunto de los gobiernos provinciales, el panorama no es tan positivo. En el último decenio, la presión fiscal del conjunto de provincias (neta de aportes y contribuciones a la seguridad social) se incrementó en un 38 por ciento, al pasar entre 2001 y 2011 de un 3,6 a un 5,0 por ciento del PBI. En igual sentido, el peso de los impuestos directos y progresivos (Inmobiliario y Patentes) en la recaudación tributaria provincial total se redujo un 50 por ciento en el mismo período (de 24,8 a 12,6 por ciento).

Así, entre 1993 y 2010, la recaudación nominal de impuestos nacionales se multiplicó prácticamente por once y la de tributos provinciales por un factor de algo menos que ocho. Con ello, puede apreciarse que el gobierno nacional tuvo mayor capacidad que sus pares provinciales para captar adecuadamente, por medio de los impuestos, una parte del notable incremento del Producto que se ha dado en el período 2003-2010.

- Provincias

Existe una gran heterogeneidad en nuestro país en términos de presión fiscal provincial. Las jurisdicciones de menor recaudación por habitante se encuentran ubicadas en las regiones menos desarrolladas del país (NEA y NOA). A su vez, en 2005, la jurisdicción con mayor presión fiscal (Tucumán), medida como porcentaje del Producto Bruto Geográfico, casi quintuplicaba el valor de la que obtenía un peor resultado (Catamarca). Además, provincias más desarrolladas y ricas como Córdoba y Santa Fe tenían una presión tributaria del 3,65 por ciento y 3,95 por ciento de su PBG, similar a otras con menores niveles de desarrollo económico y social, como Santiago del Estero y Chaco (3,53 por ciento y 3,35 por ciento, respectivamente).

Los tributos provinciales que recaudan casi la totalidad de los recursos son Ingresos Brutos, Inmobiliario (Rural y Urbano), Patentes (de automotores y embarcaciones) y Sellos. Si los agrupamos según su incidencia distributiva, Inmobiliario y Patentes serían progresivos e Ingresos Brutos y Sellos presentarían características regresivas a partir de la posibilidad de ser trasladados a los consumidores.

El peso de los impuestos progresivos a lo largo del período 1984-2010, para el conjunto de provincias, ha sido claramente decreciente, con una fuerte caída en 1986-1987, una recuperación similar en 1988-1989 y un notorio declive desde 2001.

En 1984-1991, uno de cada tres pesos recaudados por los gobiernos de nivel provincial correspondía a impuestos progresivos, en 1992-2002 uno de cada cuatro, en 2003-2006 uno de cada cinco y en 2007-2010 uno de cada siete. Es decir que su participación se redujo en un 60 por ciento.

Puede observarse que en Chaco y Jujuy el peso de los impuestos progresivos se redujo un 70 por ciento entre 1993 y 2006, y en Chubut y Salta, un 50 por ciento. La provincia de Buenos Aires es un caso extremo, dado que en el período citado la importancia de los impuestos progresivos disminuyó un 75 por ciento.

- Provincia de Buenos Aires

Interesa ver especialmente la situación de la provincia de Buenos Aires por su peso en el conjunto del nivel provincial, por la conflictividad aparejada a la moderada reforma impositiva de mayo de este año y por su actual situación de crisis financiera.

Las modificaciones de mayor importancia en la estructura tributaria bonaerense, en las últimas tres décadas, corresponden al período 2003-2010, en que se observa una creciente concentración de la recaudación en torno del Impuesto a los Ingresos Brutos, que ha pasado de representar un 50 por ciento de la recaudación en 1991-2002 a un 75 por ciento en 2010 (si se suma lo recaudado por planes de facilidades de pago, que se imputa como “otros”, el valor treparía a un 80 por ciento del total). Parte de tal incremento ha sido a costa del Impuesto a las Patentes de Automotores, que pasó de explicar un 10 por ciento del total previo a 2002 a dar cuenta de algo menos de un 7 por ciento en la actualidad. Pero la más clara contraparte del avance en la participación de Ingresos Brutos es la fuerte caída en 2006-2008 del Impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural) que ha pasado de ser un 16 por ciento de la recaudación en 1992-2002 a menos de un 7 por ciento en 2009-2010.

Según una estimación propia, la recaudación anual efectiva del Impuesto Inmobiliario Rural por hectárea habría sido en 2011 de apenas 30 pesos (un 0,18 por ciento del valor del hecho imponible).

Dado que la alícuota base del impuesto era por entonces del orden del 1 por ciento del valor fiscal de la tierra –de no registrarse evasión en este tributo– e, incluso, contemplando una valuación fiscal equivalente al 50 por ciento de la real, habría sido posible obtener no menos de 80 pesos por hectárea (monto cercano al 0,49 por ciento del valor medio de la tierra rural bonaerense) y habría permitido multiplicar la recaudación del tributo casi por 2,7, logrando de este modo unos 1300 millones de pesos adicionales para el financiamiento de los bienes y servicios públicos provistos por el gobierno bonaerense.

En tal sentido, la reforma de este tributo que ha tenido lugar este año, aunque parcial e insuficiente, obedece a una necesidad de actualización del tributo largamente postergada por los sucesivos gobiernos provinciales, dado que, entre 2003 y 2010, el valor de la tierra rural creció, en la provincia de Buenos Aires, un 50 por ciento más que la recaudación del Inmobiliario Rural.

Cabe también destacar que, mientras que la propiedad inmueble urbana es (más allá de las características fuertemente especulativas de dicho mercado) un bien de uso en el sentido de que no se incorpora al proceso productivo, la tierra rural es básicamente un factor de la producción, es decir un insumo, cuyo valor refleja en forma bastante directa la rentabilidad del sector y por tanto su capacidad de pago.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural es llamativa la incapacidad o falta de voluntad política para incrementar su recaudación vía revalúo y/o incrementos en las alícuotas, en línea con el crecimiento registrado en el valor de la tierra agrícola, buen indicador (amén de las acciones especulativas) de las posibilidades de rentabilidad que maneja el sector. El costo político que implicaría enfrentar a un sector tradicionalmente tan poderoso como el de los propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires es, sin dudas, una de las razones que pueden explicar el comportamiento demostrado los últimos años por las autoridades provinciales.

Finalmente, cabe considerar las muy importantes reformas técnicas y administrativas (con la creación de ARBA como estandarte) generadas por la provincia de Buenos Aires en los últimos años, en la búsqueda de incrementar su eficacia tributaria, a partir de una mirada de que ésa es la única vía para mejorar la recaudación, y no se ha considerado la modificación del sistema en términos de progresividad elevando significativamente la presión fiscal sobre quienes más tienen. Si se compara la evolución de la recaudación bonaerense a partir de la creación de ARBA, es decir en el período 2008-2010, con respecto a las de otras jurisdicciones de nivel provincial, lo que demuestra es que en el caso bonaerense creció un 49 por ciento cuando en otras jurisdicciones como Santa Fe, Tucumán y San Juan lo hizo en un 66, 59 y 57 por ciento, respectivamente.

Por lo cual, los incrementos relativos en la recaudación de la provincia de Buenos Aires se encuentran en la media de crecimiento del conjunto de las provincias, por lo que, a priori, la creación de ARBA no parece haber producido un impacto particularmente importante en términos de resultado, esto es, en materia de una mayor recaudación, más allá de las espectaculares apariciones mediáticas de sus mentores.

- Regresivos

En definitiva, en los sistemas tributarios provinciales el peso e incidencia de los impuestos progresivos, con la excepción de Entre Ríos, es muy poco significativa y se ha tornado cada vez más regresiva. La reversión del sesgo tributario de la recaudación que se ha verificado (aunque tibiamente) en el Estado nacional encuentra un flagrante contrapunto en la forma en que recauda el conjunto de las provincias. A la luz de los datos presentados, y considerando el actual contexto, la recaudación provincial posee un muy importante potencial de mejora. Las provincias tienen todavía un largo camino por recorrer para contribuir y acompañar de manera efectiva y significativa al sostenimiento de un modelo de desarrollo económico con igualdad social.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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lunes, 20 de agosto de 2012

LA BRAMUGLIA EN EL DIARIO DEL PAIS








20.08.2012
La Cámpora, la Corriente Nacional Martín de Güemes, la Agrupación Socialista Atilio Bramuglia y la Juan Domingo

Cuatro agrupaciones con nombre propio que explican la militancia

Sus referentes repasan el origen de cada sector y su relación con un nuevo compromiso político.

Por Gustavo Montiel

El fenómeno del resurgimiento de la militancia política en Argentina continúa firme, lejos de agotarse, y ahora con las legislativas de 2013 y las presidenciales de 2015 en el horizonte.


Además de la mayor expresión del renacimiento de la militancia expresada en La Cámpora –por convocatoria, organización, unidad, representatividad y cuadros, la mayor agrupación del kirchnerismo, excluyendo a los movimientos sociales– existen otras tres agrupaciones que tienen como denominador común el haber elegido llamarse con nombres de referentes históricos: la Corriente Nacional Martín Miguel de Güemes, la Agrupación Socialista Atilio Bramuglia, ambas claramente kirchneristas, y La Juan Domingo, de matriz peronista-sciolista.

"La victoria de Héctor J. Cámpora el 11 de marzo de 1973 no es una efeméride, el 11 de marzo del '73 condensa la historia y el significado del peronismo, la lucha de todo un pueblo, así como también una buena parte de la Historia de nuestra Patria", señalan en su página web. Y agregan: "La Cámpora es la contracara de muchos dirigentes de hoy que tienen ataques de peronitis selectiva y de otros que traicionaron la voluntad popular a los meses de asumir. Habría que preguntarle a la plétora de escribas que hoy denigran retrospectivamente al 'Tío' a los efectos de atacar a la juventud actual, por qué la Historia no alumbró la creación de espacios denominados 'La Lastiri', 'La Osinde' o 'La López Rega', estamos abiertos al debate."

Tiempo Argentino dialógo con Federico Susbielles, referente de la Corriente Nacional Martín Miguel de Güemes, quien detalló el surgimiento de la agrupación y los motivos de la elección del nombre del prócer salteño: "La Güemes nace después de la derrota electoral del kirchnerismo en las legislativas de 2009. Derrota electoral de Néstor (Kirchner) en la provincia de Buenos Aires, quien era la persona que le cambió la vida a la Argentina, a manos de la negación de la política representada por Francisco De Narváez", reconstruyó.

Y advirtió: "En ese momento, cuando muchos hablaban de poskirchnerismo se nos ocurrió conformar esta agrupación. Y pensamos el nombre relacionándolo con lo que fue la gesta de Güemes en sí, porque nosotros entendíamos que era un momento muy complejo, donde estaba jaqueado el proyecto y era necesario defenderlo con inteligencia."

"Intepretábamos que, al igual que lo que tuvo que enfrentar Güemes, esta pelea era desigual, en nuestro caso porque nos tocaba enfrentar a grupos hegemónicos en lo económico. A la vez creíamos que la figura de Güemes representaba por un lado la Patria Grande, con la idea de construir con los sectores que menos tenían en la sociedad, en la comunidad", destacó. El concepto de la resistencia ante un enemigo poderoso, encarnada en la Guerra Gaucha sostenida por Güemes para detener con éxito las invasiones realistas provenientes del Alto Perú, fue retomada por los militantes: "En ese momento (2009) avizorábamos tiempos complicados, y nos imaginábamos también que había que resistir, y que quizás tocaba enfrentar un sistema del poder hegemónico volviendo a dominar el país. Cosa que después no pasó, fundamentalmente por el coraje político y la visión que tuvieron tanto Néstor como la presidenta. Y la ofrenda de Néstor quien, sabiendo que estaba en riesgo su vida, siguió militando y batallando contra el proyecto de la no política", enfatizó Susbielles. La organización cuenta con presencia en 16 provincias y "más de 300 localidades en todo el país".

Gustavo Quintana, uno de los integrantes de "La Bramuglia" detalla cómo la contención que el kirchnerismo, por medio de la transversalidad, hizo posible el acercamiento de un sector del socialismo: "Nuestra particularidad en relación al resto de las agrupaciones es que nosotros somos una agrupación socialista que decidió poner el nombre de Atilio Bramuglia; uno de los tantos socialistas que acompañó a Perón en su primer gobierno, como también lo fue (Ángel) Borlenghi, por ejemplo, quienes decidieron separarse y alejarse del socialismo, y acompañarlo a Perón." Bramuglia, abogado socialista con fuertes vínculos con el sindicalismo –defendió a la Unión Ferroviaria durante 20 años– fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1946 y 1949, durante el primer gobierno peronista. "Nuestras primeras experiencias militantes son las de un conjunto de integrantes actuales de la agrupación, que en ese momento pertenecían al comité ejecutivo del Partido Socialista, que en el año 2003 plantean una discusión, al calor de lo que fue la segunda vuelta electoral, cuando Néstor salió a competir con Menem. Nosotros considerábamos que había que apostar por Néstor Kirchner por el discurso que en ese momento planteaba", señaló Quintana. En 2007 este sector rompió formalmente con el PS y formó su agrupación. "Nosotros, como agrupación, fuimos el primer nucleamiento del socialismo que llamamos en su momento a aceptar lo que Kirchner había convocado como el diálogo a la transversalidad. Fuimos el primer agrupamiento que salimos a respaldar", subrayó. Sus militantes, territorialmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y aunque reconocen no tener un referente excluyente, sí destacan el diálogo con otras agrupaciones: "La Cámpora y Kolina son organizaciones que sentimos cercanas, así como Nuevo Encuentro y el Movimiento Evita", destacó Quintana.

Por último, La Juan Domingo, de raíz peronista y sciolista, y diferenciada de las agrupaciones anteriores, en su página web se define: "Somos un espacio de compañeros peronistas que apoyamos el Proyecto Nacional y Popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner en la Nación y Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires". «

Socialistas
"La Bramuglia"
Desde el socialismo, destacan el proyecto de transversalidad que empujó el FpV.

http://tiempo.infonews.com/2012/08/20/argentina-83860-cuatro-agrupaciones-con-nombre-propio-que-explican-la-militancia.php

MAURI ¡PAGÁ LAS EXPENSAS!

DIARIO REGISTRADO


Sociedad // Derrumbes

La Ciudad sigue sin hacerse cargo

Como con el subte, como con la seguridad en territorio porteño y como en casi todo, ahora el gobierno de Mauricio Macri dice que la culpa del derrumbe en Tribunales que se cobró una víctima es... “del consorcio”. Otro colapso de una obra dejó un cráter en Palermo.

Sábado 18 de agosto de 2012
11:39

Aunque existe una Agencia Gubernamental de Control que depende del gobierno de la Ciudad cuya tarea consiste, precisamente, en controlar los edificios y habilitaciones, en verificar que las calles y veredas de Buenos Aires sean seguras para los porteños y los peatones en general, para el macrismo la culpa siempre la tiene otro.

Así lo señaló Javier Ibáñez, director de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, para quien la responsabilidad por el derrumbe de una marquesina y una losa de un edificio de la zona de Tribunales , que provocó la muerte de un asesor del ministro de Justicia Julio Alak , "es del consorcio".

El funcionario macrista explicó que lo que se desprendió ayer en el inmueble ubicado en Lavalle 1582, donde funciona la sede de la Obra Social del Personal de Sociedad de Autores y Afines (OSPESA), fue la loza que estaba revestida por una cartelera.

“Según el informe técnico del arquitecto, todo los elementos salientes de ese edificio estaban en buenas condiciones, así lo certificó de que estaba en buenas condiciones hasta el 2018”, destacó el funcionario sobre el estado de la marquesina que estaba “certificada en marzo de este año”.

Ibañez aseveró que el control que hace el Gobierno porteño es “el documental que presenta el profesional, porque eso es lo que dice la ley”.

Sin embargo, ayer viernes, luego de que se derrumbara la marquesina que provocó la muerte Octavio Pérez Galimberti, asesor en el Ministerio de Justicia de la Nación, fue la vicejefe de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal, quien admitió que “el control de las marquersinas es responsabilidad del gobierno porteño”.

Así las cosas, mientras el gobierno porteño mira para otro lado, los sucesos de las mismas características siguen ocurriendo: ahora hubo un derrumbe en una obra en construcción en Sinclair al 3000, casi Cerviño, en Palermo, por el cual debió evacuarse la cuadra porque se tocó un caño maestro de gas; para colmo de males, también se cayó un cartel en el barrio de Caballito, en la intersección de Avenida San Martín y Nicolás Repetto.

viernes, 17 de agosto de 2012

AHORA NO PUEDEN HACER LO QUE QUIEREN

PÁGINA 12
El país
Viernes, 17 de agosto de 2012

Opinión

Las mañas de Ciccone

Por Martín Granovsky

Están por cumplirse ocho años del momento en que los lectores de Página/12 tuvieron acceso a una querella penal contra Ciccone Calcográfica. Norberto Crespo, entonces dueño de Blue Arrow, una pequeña firma de transportes damnificada por la empresa, denunció ante la Justicia a los propietarios y a dos gerentes porque uno de ellos, el gerente financiero Daniel Reyes, quiso comprarle el voto en el concurso de acreedores.

Una filmación privada, de la que este diario informó en su edición del 3 de septiembre de 2004, muestra a un Reyes expansivo que explica el valor de los acreedores más pequeños ya que, según dijo, los grandes estaban fuera de juego.

“Cagar a la AFIP, ya está”, sintetizaba Reyes. “Cagar a Sagem, ya está. Cagar a IBM, ya está. Cagar al Société”, ya está.

Según el gerente financiero, las empresas grandes habían formado fideicomisos y eso las ponía al margen de una eventual votación. En cuanto a la AFIP, debía autoexcluirse en el voto.

La cifra de la deuda con la AFIP, por considerar solamente una, alcanzaba entonces los 255 millones de pesos. Es el mismo número que circuló ayer, casi ocho años después, en el debate del Senado previo al voto para estatizar la Compañía Sudamericana de Valores, que en cierto modo continuó la acción de Ciccone.

La querella de Crespo involucró a Reyes y también a Mario Verdún, gerente general, lo mismo que a los propietarios Nicolás y Héctor Ciccone. Héctor murió en junio último. Su nombre apareció publicado la última semana porque, según una versión, antes de morir habría recurrido a una escribanía para describir, en una declaración obviamente unilateral, una presunta reunión que habría mantenido con el vicepresidente Amado Boudou. No sería la primera vez que uno de los hermanos Ciccone mostraba su preferencia por un manejo testimonial. Surgida originariamente como Lima-Ciccone, la empresa quedó solo con el último apellido cuando el primero se terminó junto con su dueño. La familia Lima sospechó de la muerte de su pariente cuando descubrió que, antes de morir, había cedido en una escribanía las acciones que hasta entonces poseía en la sociedad.

La historia de Ciccone registra varios saltos propios que terminaron siendo sobresaltos para el prójimo. Uno fue la mudanza a la calle Irigoyen, en Versalles. Otro, la impresión de las entradas del Mundial ’78 cuando el marino Alberto Lacoste dirigía el ente en línea con Emilio Massera y la organización fascista Propaganda Dos.

Expulsada de Uruguay, de Paraguay y de la Asociación Internacional de Empresarios Fiduciarios, con denuncias en Bahrein, con juicios entablados por Banco Nación y Banco Provincia, con casos de fraude por pasaportes supuestamente perdidos en el norte argentino, con prácticas de cartelización para eliminar la libre competencia luego de haber marginado a la empresa Llenas, Ciccone Calcográfica terminó participando de la operación de compra de una parte de las acciones de la Compañía Sudamericana de Valores.

La ilusión de Ciccone y sus nuevos socios era repetir el viejo esquema de influencias en el poder que le había dado tan buenos resultados. Le resultó con Lacoste en la dictadura. Con Armando Gostanian mientras éste presidió de 1989 a 1999 la Casa de la Moneda por encargo de Carlos Menem. En todo momento funcionó con Esteban Caselli, subsecretario general de la Presidencia y embajador en el Vaticano de Menem, secretario general de gobernación bonaerense con Carlos Ruckauf y secretario de Culto en la presidencia de Eduardo Duhalde. Y resultó bien con Enrique Carelli, el mismo funcionario de Fernando de la Rúa que estaba encargado de la seguridad porteña en los días de Cromañón.

A pedido del gremio gráfico, el Estado le dio a Ciccone posibilidades lícitas y controlables para no cerrar la empresa. La firma eligió el camino de siempre y entonces el Poder Ejecutivo, al final, decidió la estatización de CSV. Una medida que avanzó con la media sanción de ayer y que, por cierto, no clausura ninguna investigación de la Justicia.

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